La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos, FEDADi, reunida en Madrid los días 3, 4 y 5 de mayo con ocasión de su XXV Congreso, al hilo de la actualidad ha considerado oportuno profundizar en la reflexión efectuada en su anterior Congreso celebrado en Almería, lamentando el escaso eco que, por parte de las Administraciones públicas, ha tenido la misma hasta ahora.
Como recordábamos entonces, la Constitución española asigna a los poderes públicos la responsabilidad de promover las condiciones reales y efectivas de libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra así como de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Para ello, y entre otras cosas, encomienda a los poderes públicos que garanticen el derecho a la educación de todos los ciudadanos, declarando obligatoria y gratuita la enseñanza básica.
Sin embargo, en el marco de las medidas que algunas Administraciones públicas están adoptando para intentar superar la crisis económica que azota a nuestra sociedad, en estos últimos meses estamos conociendo en materia de educación, una cadena de decisiones de las que el último eslabón es, por ahora, el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril (BOE del 21/04/2012), de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que está generando gran inquietud en la comunidad educativa, máxime cuando hasta el propio ministro de Educación, a pesar de sus reiteradas declaraciones afirmando que estas medidas no van a afectar significativamente a la calidad de la enseñanza, reconoce que “se están atravesando líneas rojas”.
Entendiendo que en la actual coyuntura económica se hace aún más necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones en el uso de los recursos públicos, para conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, no podemos compartir la supuesta efectividad de algunas de las medidas adoptadas sin valorar sus consecuencias.
Así, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, pensamos que especialmente tres de las medidas recogidas en el citado Real Decreto-Ley no admiten la posibilidad racional de defender su inocuidad en la pérdida de calidad de la educación que recibirá nuestro alumnado:
a) En los centros docentes públicos y en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El período de diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio centro docente.
Con esta medida se priva al alumnado de su derecho a recibir determinadas clases durante dos semanas. Los centros carecen de recursos para hacerse cargo de la actividad lectiva del profesorado ausente. Los profesores encargados de atender a los alumnos afectados por dicha ausencia son, en la mayoría de las ocasiones, de otra especialidad, diferentes cada día y, por lo tanto, sin responsabilidad docente con ellos.
b) La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo, de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente.
Este apartado fija, sin precisar si de forma excepcional o definitiva las horas lectivas (de docencia directa con alumnos, o equivalentes) de la jornada semanal del personal docente, modificando de manera sustancial la del profesorado de Educación Secundaria, que experimenta un incremento del 20%.
Este incremento de horas lectivas semanales conlleva un aumento del número de grupos que se asigna a cada profesor y un mayor número de alumnos a los que atender, con la consiguiente desatención a otras funciones y tareas.
c) Cuando, por razones de limitación del gasto público, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorice la incorporación de personal de nuevo ingreso mediante Oferta de Empleo Público o establezca, con carácter básico, una tasa de reposición de efectivos inferior al 50 por 100, las Administraciones educativas podrán ampliar hasta un 20 por 100 el número máximo de alumnos para la educación primaria y secundaria obligatoria y para las restantes enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El incremento de alumnos por aula afecta negativamente a su atención individualizada, y muy especialmente en el caso de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje o altas capacidades. La aplicación indiscriminada de este aumento supondrá, sin duda, para la diversidad de nuestros alumnos, una importante merma de la calidad de la educación que reciben.
Por otra parte, esta última medida, al combinarse con la anteriormente expuesta, multiplica su efecto negativo porque además de un mayor número de horas de docencia para el profesorado de Secundaria aumentará el tiempo que necesitan para la preparación de actividades y la corrección de trabajos y exámenes.
Además, el retraso en la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional complica mucho la siempre demandada adaptación de la educación a la realidad productiva y empresarial, ahondando la brecha entre Comunidades por la aplicación desigual de esta medida.
La realidad es la que es y no deja de serlo por mucho que se reiteren afirmaciones como: “estas iniciativas de carácter “urgente” no van a afectar “sustancialmente” a la calidad de la enseñanza” o “no existe relación directa entre la inversión y los resultados”. Con ellas sólo la escondemos momentáneamente.
Ante esta situación no podemos ni debemos dejar de expresar nuestra opinión, esperando que aparezca alguien con la ingenuidad del niño del cuento de “El traje nuevo del emperador” que, sin condicionantes ni prejuicios, nos haga reconocer la realidad. De lo contrario para muchos de nuestros alumnos será ya demasiado tarde.
Si es cierto que coincidimos todos en que la educación es uno de los pilares del progreso de las sociedades, y debe ser considerada como una inversión de alta rentabilidad para la sociedad española, es preciso hacer un esfuerzo para que, reconociendo las actuales dificultades de financiación, se minimicen los efectos negativos de los ajustes sobre la calidad de la enseñanza y el progreso sea real. El futuro del país puede quedar seriamente comprometido si ponemos en riesgo la formación y cualificación de los ciudadanos.
La dotación de los centros educativos tiene que ser la adecuada a sus necesidades. Dentro de las disponibilidades económicas, los poderes públicos deben acordar con las Direcciones de los centros las líneas básicas de la organización de todas las actividades educativas que en ellos se desarrollan.
Desde su creación, FEDADi viene proclamando su ofrecimiento para colaborar en la búsqueda de soluciones que contribuyan a garantizar la igualdad y el derecho a la educación mediante el desarrollo de una enseñanza pública de calidad. Conscientes de la difícil situación económica actual y de la consiguiente necesidad de racionalizar el gasto público, hoy más que nunca se hace imprescindible esta colaboración y nos comprometemos a poner todo lo que esté en nuestra mano para hacerla posible.
Madrid, 5 de mayo de 2012
